La reforma constitucional crea un nuevo paradigma económico pero también un cisma, porque, luego de 75 años, abre el sector a la participación privada.

Con la reforma constitucional en materia energética, validada por 26 legislaturas locales y promulgada por el Ejecutivo federal, quedó atrás la identidad de los mexicanos ligada a la propiedad del petróleo y su explotación exclusiva por parte del Estado; que, por cierto, colocó al país como décimo productor del hidrocarburo a nivel mundial.

Sin duda, esta reforma es un hito histórico que, más allá de ideologías y demagogias, rompe con tradiciones y creencias políticas que a fuerza de repetición se convirtieron en religión. El cambio es un avance positivo en lo que toca a superar tabús o temas prohibidos que en nada beneficiaban ya al país.

Los cambios a los artículos 27, 28 y 25 de la Carta Magna, implican que el Estado pueda establecer contratos o asignaciones con particulares, nacionales y extranjeros; o lo que es casi lo mismo que un exceso, permite a las trasnacionales explorar, explotar y transportar el petróleo, incluir los hidrocarburos mexicanos como parte de sus activos y que el pago a los contratistas sea mediante efectivo, utilidades o la entrega de hidrocarburos.

Ésta puede considerarse como la reforma constitucional más impactante de los últimos años, al crear un nuevo paradigma económico para México pero también un cisma, porque, luego de 75 años, abre el sector energético a la participación de empresas privadas en las áreas de exploración y producción, a través de cuatro modalidades de contratos: servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias, según el tipo de inversión que se requiera.

Con la reforma, se crea un fondo para administrar los ingresos petroleros, que determinará la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo; pero además abre otro capítulo en la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex) al quitar de su Consejo de Administración a los cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Pemex podrá trabajar solo o asociado, pero será el órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) quien se encargue de licitar el contrato de asociación. La Secretaría de Energía definirá los lineamientos técnicos y contractuales de dichas asociaciones, en tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la responsable de establecer las condiciones fiscales.

La cuestión es si con esta estructura se podrá garantizar la transparencia, la seguridad y protección al medio ambiente, además de elevar la producción de hidrocarburos y reducir la dependencia de las importaciones de gasolinas y gas, al mismo tiempo que se logra atraer las fuertes inversiones que se requieren, dado que las principales reservas del país están en aguas del Golfo de México. Es decir, riesgos que el tiempo igual se encarga de mostrar si valieron la pena o fueron un exceso.

La reforma energética para los empresarios mexicanos, en teoría, debe traducirse en empleo, productividad, competitividad y crecimiento porque, finalmente, les abre las puertas a un sector prohibido que les negaba oportunidades potenciales de negocios en las áreas de distribución, almacenamiento, petroquímica, gas y electricidad. De hecho, los organismos de la iniciativa privada trabajan ya en planes que incentiven la creación de clusters a nivel regional para aprovechar la apertura de esta industria.

Para los industriales del país la reforma energética les ofrece nuevos retos. Empresas mexicanas como Alfa, Alpek, Cemex, Grupo Carso, e ICA son algunas de las interesadas en acentuar tu participación en la industria petrolera. Los propios empresarios y hombres de negocios  consideran que están en posibilidad de competir con empresas trasnacionales en áreas como la petroquímica o en servicios, pero reconocen que en las áreas de exploración y explotación, necesitan un mayor aprendizaje.

A economistas y consultores financieros la propuesta energética del Gobierno federal les parece lo suficientemente buena como para atraer la participación del sector privado en la exploración y explotación de aguas profundas en gas y petróleo, pero no dejan de señalar que los grandes corporativos trasnacionales han asignado ya sus inversiones a mediano y largo plazo, y que México llega a este mercado diez años tarde.

Claro que tampoco el panorama es de desinterés, tanto así que coincidiendo con la aprobación de la reforma energética mexicana, el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo binacional de explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, para “explorar, desarrollar y compartir ingresos de recursos de hidrocarburos” en la zona del Golfo de México.

Sin embargo, sólo se ha dado el primer paso porque los detalles vendrán con las leyes secundarias. Una lástima, eso sí, que no se hayan dado tiempo para fortalecer a Pemex y a las instituciones regulatorias antes de abrir la competencia en el sector energético, sin ton ni son.