El IGI-2017 ubica a México en el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad.

Este nuevo índice coincide con el IGI-2015 en la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia.
Venezuela se encuentra bajo observación crítica del CESIJ como un caso atípico que deriva de vacíos de información estadística.

La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), a través de su rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, presentó los resultados del Índice Global de Impunidad 2017 (IGI-2017), el cual tiene como objetivo visibilizar, en términos cualitativos el problema global de la impunidad y su efecto directo en otros fenómenos globales como: desigualdad, corrupción y violencia.

Cabe mencionar que este IGI-2017 representa el esfuerzo académico internacional más importante para medir los niveles de impunidad en el mundo, a partir de una metodología cuantitativa estructurada desde el análisis de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos.

El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista dijo que el IGI-2017 muestra datos duros como que el 75% de la población tiene una percepción de inseguridad y representa que cada vez la población tiene más miedo, aburrimiento y dificultad para presentar una denuncia. “El Índice demuestra que estamos viendo que el sistema de justicia o el sistema de seguridad no está funcionando y no tiene la estructura correcta; la combinación de ambos es a lo que nos lleva los delitos”.

Como dato importante se puede mencionar que el IGI-2017 amplió las unidades de observación a 69 naciones. Se integraron 16 nuevos estados al índice, sin embargo, seis casos tuvieron que salir del estudio por falta de información estadística reportada en los últimos años a la ONUDD. Asimismo, por primera ocasión se integraron tres países de África al IGI: Argelia, Camerún y Kenia. De Asia Pacífico ingresaron Australia, India y Kazajstán; mientras que de América se incorporaron Brasil, Ecuador, Granada, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. Y de Europa fueron Bélgica, Grecia y Reino Unido. Lo cual permite contar con una muestra más robusta.

“Algo importante a destacar en este nuevo estudio es que importa mucho la dimensión de los Derecho Humanos para entender la magnitud de la impunidad. Ustedes podrán ver que México está por encima, negativamente, de los promedios de todas las dimensiones; pero en la de Derechos Humanos México presenta el 100”, afirmó durante la presentación, el Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega, coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México.

Resultados destacados del Índice Global de Impunidad 2017:

Los trece países con muy alta impunidad son: Filipinas, India, Camerún, México, Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Federación de Rusia, Paraguay, Honduras y El Salvador.
Los diez países que destacan por un nivel bajo de impunidad son: Eslovaquia, Serbia, Austria, Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Finlandia, Barbados, Lituania, y Reino Unido. Asimismo, los diez países con muy bajo índice de impunidad son: Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia, Noruega, Montenegro, República Checa, Grecia, Alemania y Países Bajos.
En cuanto a la impunidad en América Latina, los países mejor posicionados en el índice, aunque se encuentran en el rango medio global de impunidad, son: Barbados, Granada, Costa Rica, Canadá, Trinidad y Tobago, Argentina y Chile. México encabeza, nuevamente, la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.
Venezuela se encuentra bajo observación crítica del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ). Por lo anterior, los coordinadores decidieron catalogarlo como caso atípico. Se advierte que los datos de este índice corresponden al período 2015-2016. La actual situación de violencia, descomposición de las instituciones democráticas, afectaciones a la libertad de expresión y evidentes violaciones sistemáticas de los derechos humanos no se encuentran suficientemente reflejadas en este reporte, derivado de serias deficiencias y vacíos de información estadística.
México ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad, sin embargo, se posiciona en el lugar 66 de 69 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del IGI-2017. Cabe destacar que en 2015 ocupó la posición 58 entre 59 casos estudiados.
Este nuevo índice coincide con el IGI-2015 en la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes, y México cuenta con tan sólo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global.
Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el índice permitió evidenciar su deficiencia, pues casi la mitad de la población detenida no ha recibido sentencia.
Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el índice retrata perfectamente, los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México: 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes.

Los altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica, jurídica y de estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión   extranjera y turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos.

Es por lo anterior que México necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad; requiriendo dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, los cuales deben reflejarse en aumentos reales de capacidades humanas, infraestructura y profesionalización de dichos sistemas.

Finalmente, se puede mencionar que el aumento de recursos a estos sistemas gubernamentales, en los últimos años, no ha tenido una correlación positiva para reducir los niveles de impunidad y violencia en el país, pues la clave del problema está en la corrupción del uso de estos recursos y la falta de supervisión y auditoría del funcionamiento de las instituciones del país en el ámbito nacional y local.